Ser “trans” se paga con la vida en Colombia

Ser "trans"

Al menos 35 mujeres transgénero fueron asesinadas este año en Colombia, denunció hoy el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quién clamó por justicia.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un urgente llamado a todas las autoridades para garantizar la vida e integridad de las mujeres transgénero”, pidió el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales del organismo humanitario.

Camargo recordó que las mujeres transgénero “soportan con más rigor la marginación y violencia”, por lo que reclamó de las autoridades mayor compromiso en la investigación de estos casos y su prevención.

Para el Defensor, es importante establecer quiénes están detrás de estos crímenes y lograr su “judicialización” con el objetivo de “determinar si los móviles configuran un crimen motivado por el prejuicio”.

En su reclamo, Camargo le pidió a la sociedad colombiana para que “no se naturalice el odio y el prejuicio en contra de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas”.

Además exigió de las autoridades que la investigación y resolución de este tipo de casos se ejecuten desprovistas de “sesgos”.

El más reciente asesinato de una mujer transgénero ocurrió el pasado 7 de diciembre en Santa Marta (norte), cuando sicarios acabaron con la vida de la lideresa social Cristina Cantillo, quien pese a contar con escoltas pagados por el Estado se hallaba en indefensión al momento del crimen.

Cantillo fue víctima previamente de dos atentados este año y ante la gravedad de su situación la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de seguridad, incluido un vehículo que al parecer tenía desperfectos, mientras que los custodios dieron versiones encontradas frente al porqué estaba sola al momento del ataque sicarial, de acuerdo a las noticias de la prensa local.

La Defensoría recordó este lunes que desde 2019 alertó a las autoridades sobre los riesgos que corrían tanto Cantillo como otras cuatro lideresa de la comunidad LGBT.

En mayo del año anterior, la Defensoría pidió a la UNP que le asignaran un vehículo blindado a Cantillo y un esquema de seguridad en su hogar, dado que el riesgo bajo el que se hallaba la obligó a ejercer su labor a través de plataformas virtuales.

Pese a que su vida corría peligro, a finales del año anterior un comité evaluador le retiró el esquema de seguridad y fue necesario que la Defensoría le asesorara para interponer una acción de tutela, un reclamo judicial urgente ante el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales, con el fin de que le establecieran los mecanismos de protección.

Tras el crimen de Cantillo, la Defensoría solicitó “protección inmediata de su familia” y exigió a las autoridades “que se investigue el delito bajo la tipificación de feminicidio y que se evalúe su identidad de mujer transgénero como un posible móvil” y en razón de su liderazgo.(Portal Cuba Sí)