El ministro Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, denegó al general de la reserva Walter Braga Netto más tiempo para presentar alegatos finales en el proceso que enfrenta hoy por tentativa golpista.

La defensa solicitó que el plazo se duplicara de 15 a 30 días y argumentó que hay ocho acusados en la demanda penal.

De Moraes afirmó que la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal resulta indiscutible respecto al plazo de 15 días.

Reiteró además que la demanda no se suspenderá durante el receso judicial de agosto, pues uno de los acusados, Braga Netto, se encuentra en prisión preventiva.

Todas las partes tendrán 15 días para presentar alegatos finales. El plazo comenzó el 27 de junio y se divide en tres fases.

Primeramente, la Fiscalía General tendrá 15 jornadas para presentar testimonios finales. Luego será el turno del teniente Mauro Cid, exayudante de órdenes del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y quien es informante.

Los demás acusados dispondrán de 15 días para presentar sus fundamentos finales.

Por lo tanto, las acusaciones deberán presentarse en agosto. Además del general, Bolsonaro será juzgado en este proceso penal.

Otros inculpados son el diputado Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Garnier y los exministros Anderson Torres, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira.

Según las investigaciones, los implicados integraban una organización criminal que tenía como objetivo ejecutar un golpe de Estado para impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.

El caso forma parte del conjunto de procesos derivados del intento de subversión del orden institucional ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando bolsonaristas (adeptos de Bolsonaro) asaltaron y saquearon las sedes de los Tres Poderes en Brasilia.

Braga Netto, considerado uno de los articuladores clave del supuesto plan golpista, fue candidato a vicepresidente en la fórmula de reelección de Bolsonaro y ocupó cargos estratégicos en su gobierno, como ministro de Defensa y jefe de la Casa Civil.

En su decisión, De Moraes también subrayó que no se admitirán maniobras dilatorias por parte de las defensas.

Hizo hincapié en la importancia de garantizar celeridad procesal en casos que atentan contra el Estado Democrático de Derecho, al considerar que los hechos investigados comprometen la estabilidad institucional del país.

(Prensa Latina)