No vivo en Granma ni en Holguín, sino en Matanzas, una ciudad que desde hace tiempo se mueve sobre tres ruedas. Aquí los triciclos eléctricos dejaron de ser una novedad para convertirse en una pieza estructural de la movilidad urbana.
Hace unos años comenzaron a circular los triciclos amarillos, impulsados por el Ministerio de Transporte de Cuba, con una tarifa fija de 10 pesos en rutas urbanas. La decisión alivió la transportación en municipios como Cárdenas y la cabecera provincial, en un escenario ya complejo para el parque automotor estatal.
Posteriormente, se incorporaron los privados, tras la comercialización de estos vehículos en tiendas recaudadoras de divisas o mediante importaciones. En un inicio, la tarifa rondaba los 50 pesos; hoy, en no pocos casos, el precio depende de la urgencia y la demanda, superando los 150 pesos por viaje. Esta dinámica responde a la lógica del mercado, pero también evidencia la ausencia de mecanismos regulatorios y de control.
En medio de la actual situación energética que vive el país, los triciclos eléctricos sostienen buena parte de la movilidad urbana. Con cero consumo de combustible fósil, estos vehículos han llenado vacíos que el transporte estatal no puede cubrir en las circunstancias actuales. La pregunta ya no es si son necesarios, sino cómo organizamos mejor ese potencial que circula diariamente por nuestras calles.
Se ha reiterado que los municipios cuentan con autonomía para decidir y actuar. Si la realidad cambia, las respuestas también deben transformarse. Quizá sea momento de convocar en Matanzas un encuentro con los propietarios de triciclos eléctricos dedicados al transporte de pasajeros. No para imponer disposiciones, sino para concertar, escuchar criterios, ordenar rutas y definir responsabilidades.
Las alternativas existen. Los Gobiernos locales podrían agilizar los trámites para otorgar y renovar licencias, reducir cargas burocráticas y establecer incentivos concretos. También sería viable diseñar esquemas de exoneración o bonificación fiscal temporal para quienes apoyen el traslado de pacientes vulnerables, así como autorizar rutas priorizadas hacia hospitales, policlínicos, mercados y centros de distribución de alimentos.
Otra opción sería crear puntos de carga con tarifas eléctricas diferenciadas para quienes participen en programas sociales, establecer convenios con el sector de la Salud para el traslado sistemático de nefrópatas y embarazadas, o con Comercio, para la distribución de dietas médicas y la canasta familiar. Paralelamente, resulta imprescindible regular tarifas claras y visibles, que protejan tanto al transportista como al usuario y eviten especulaciones.
Incluso, podrían fomentarse formas asociativas entre propietarios que faciliten la compra colectiva de baterías, neumáticos y piezas de repuesto, reduciendo costos y asegurando mayor estabilidad técnica al servicio.
Matanzas necesita movilidad organizada, eficiencia y compromiso social. Los triciclos eléctricos ya están haciendo su parte en medio de limitaciones objetivas. Ahora corresponde articular mejor lo que ya funciona, y demostrar que, cuando se coordina voluntad institucional con iniciativa privada, las soluciones pueden avanzar sobre tres ruedas. (Por: Yunielis Moliner Isasi/Edición web: Miguel Márquez Díaz)
