Los accidentes de tránsito en Cuba durante 2025 continuaron siendo un problema de seguridad y salud pública, con un patrón de causas que apunta, una vez más, a la responsabilidad directa de los conductores. Según los datos oficiales presentados en la reciente reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, presidida por Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, tres conductas específicas —no respetar el derecho de vía, no prestar la debida atención y el exceso de velocidad— fueron el detonante del 72% de los accidentes. Esta cifra ratifica una tendencia histórica: la inmensa mayoría de los hechos tiene su origen en el factor humano, en decisiones y omisiones al volante que son, en esencia, prevenibles.

La magnitud del fenómeno se cuantifica en 7 538 accidentes, con un saldo de 750 personas fallecidas y 6 718 lesionados. Estas cifras, calificadas como “elevadas” por las autoridades, se desarrollaron en un contexto de cambios significativos en la composición del parque vehicular. El año 2025 se caracterizó por un crecimiento sostenido de los medios vulnerables, fundamentalmente motos y ciclomotores. Este incremento trajo consigo un mayor número de conductores con menor experiencia y capacidad de maniobra, quienes deben enfrentar los retos de un flujo vehicular creciente en una infraestructura vial deteriorada, donde coexisten vehículos de porte, potencia y dimensiones muy diferentes.

La creciente presencia de conductores de medios vulnerables en las vías se refleja de forma directa en las cifras de accidentalidad. Motos, ciclomotores y peatones estuvieron involucrados en el 63% de los siniestros registrados en 2025. Este dato no es casual: muestra el alto riesgo que enfrentan quienes carecen de protección física en un entorno vial complejo.

La situación se agrava por el aumento de conductores noveles de motos y ciclomotores, obligados a desplazarse en una infraestructura deteriorada y a compartir el espacio con vehículos más grandes y pesados.

Desglose territorial e institucional: Concentración de los hechos

El mapa de la accidentalidad vial en Cuba presenta una clara concentración geográfica y una marcada responsabilidad institucional. Las cifras demuestran que los accidentes no se distribuyen de manera uniforme en el archipiélago. Durante 2025, las provincias de La Habana, Villa Clara y Ciego de Ávila mostraron los comportamientos más desfavorables, destacándose negativamente en número de hechos, fallecidos y lesionados.

En el caso de La Habana, su condición como principal núcleo urbano y de tráfico del país explica en parte estas cifras, pero también refleja las tensiones de una infraestructura sometida a una alta densidad vehicular. En el centro de la isla, Villa Clara y Ciego de Ávila confirman una problemática regional persistente, que merece un análisis específico sobre las condiciones viales, el parque automotor y los patrones de movilidad en esos territorios.

Desde la perspectiva de quien conduce los vehículos implicados, los datos revelan que el sector estatal es responsable de la mitad de los accidentes en los que intervienen sus vehículos. Esto significa que uno de cada dos siniestros es causados por el.

Un reto multidimensional que exige acción integral

Las estadísticas del tránsito en Cuba durante 2025 delinean un escenario de complejidad creciente. La persistencia del factor humano como causa principal confirma que las soluciones técnicas son insuficientes sin una transformación profunda en la conducta de los conductores.

 

Esto exige reforzar la educación vial desde edades tempranas, intensificar la supervisión en carretera y aplicar la ley con rigor, especialmente donde el riesgo es mayor.

 

Paralelamente, el crecimiento exponencial de motos y ciclomotores —presentes en el 63% de los accidentes— implica una reconfiguración de la vulnerabilidad en las vías. Proteger a estos usuarios requiere formación obligatoria y de calidad, regulación específica y un rediseño del espacio vial que priorice su seguridad.

 

La concentración del problema en provincias como La Habana, Villa Clara y Ciego de Ávila, junto con la responsabilidad del sector estatal, indican que no bastan políticas generales. La solución reside en un enfoque integral, multisectorial y sostenido en el tiempo, que articule inversión en infraestructura, campañas de comunicación, fiscalización permanente, innovación normativa y responsabilidad institucional.

Cada número —cada vida perdida, cada lesión— es un argumento irrefutable para actuar con decisión. La seguridad vial es, en última instancia, una cuestión de voluntad política y prioridad social.

Cubadebate