Hablar de Derecho en la Cuba actual no es un gesto secundario ni una práctica reservada a especialistas. Es, ante todo, una necesidad social. En un escenario marcado por cambios normativos, ajustes económicos y transformaciones en la vida cotidiana, el Derecho se convierte en una herramienta imprescindible para comprender cómo se organizan las relaciones sociales y qué responsabilidades corresponden a cada actor. Pensar jurídicamente la realidad permite ordenar la experiencia social, identificar derechos, reconocer deberes y comprender los límites dentro de los cuales se desarrolla la convivencia.

El Derecho no resuelve por sí solo los problemas sociales, pero sí ofrece marcos de referencia que aportan estabilidad, previsibilidad y coherencia a los procesos colectivos. Desde esta perspectiva, explicar el Derecho no implica imponer criterios ni adoptar posturas excluyentes. Significa acompañar a las personas en la comprensión de las normas que regulan su vida diaria. Cuando el Derecho se explica con responsabilidad, se reduce la incertidumbre, se fortalecen las relaciones entre ciudadanía e instituciones y se fomenta una cultura de respeto a las reglas comunes.

Además, el silencio jurídico o la falta de información no generan orden ni confianza. Por el contrario, suelen alimentar interpretaciones erróneas y distancias innecesarias. Explicar el Derecho, de manera clara y contextualizada, contribuye a una relación más consciente con las normas y refuerza la idea de que el ordenamiento jurídico forma parte de la vida social y no de un espacio ajeno o inaccesible.

Analizar el Anteproyecto del Código de Trabajo como ejercicio de formación ciudadana

El análisis del Anteproyecto del Código de Trabajo ocupó un lugar relevante dentro de este ejercicio reflexivo. Abordar un texto legislativo en construcción implica reconocer la importancia de que las personas comprendan las normas que regularán sus relaciones laborales. Explicar el Anteproyecto supuso analizar sus principios generales, los derechos y deberes que propone, así como su impacto en las dinámicas de trabajo. Este análisis se realizó desde una perspectiva formativa, orientada a facilitar la comprensión y no a generar confusión o confrontación.

Cuando las personas entienden el alcance de una norma, pueden relacionarse con ella de manera más consciente y responsable. El conocimiento jurídico se convierte así en un componente esencial del diálogo social. Este ejercicio reafirma la idea de que el Derecho no es un producto cerrado, sino un proceso dinámico que se construye en interacción con la realidad social. Analizar el Anteproyecto permitió destacar el valor de la información jurídica como herramienta de empoderamiento ciudadano.

A modo de cierre y en vísperas de un nuevo año

Mirar hacia 2026 implica asumir que el trabajo jurídico no se detiene con el cierre de un año. El horizonte inmediato plantea desafíos y oportunidades que exigen mayor profundidad analítica, seguimiento responsable de los procesos normativos y una lectura atenta de cómo las leyes dialogan con la realidad social. Acompañar los procesos legislativos, por tanto, no significará solo informar sobre ellos, sino contribuir a que sean comprendidos en su sentido, alcances y límites, fortaleciendo así su legitimidad social.

De cara a ese nuevo período, profundizar en el análisis normativo supone ir más allá de la descripción de las normas para examinar su coherencia interna, su articulación con la Constitución y su impacto real en la vida cotidiana. Bajo esa lupa, nos volveremos a encontrar durante el 2026 en Pensar el Derecho.

Por : Yulieski Amador

Tomado de Cubadebate