Trump dará la mañana de este lunes una conferencia de prensa donde se espera aborde sus planes la cual se centrará en el tema de la «Limpieza, la renovación física general y el estado de nuestra otrora hermosa y bien cuidada capital».
En su red Truth Social, el mandatario escribió la víspera una serie de mensajes en el que exigió sacar del ojo público a los llamados homeless (sin casa).
«Las personas sin hogar tienen que mudarse INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital. Los criminales, no tienen que mudarse. Los vamos a meter en la cárcel, donde pertenecen», subrayó.
Sobre Muriel Bowser, la alcaldesa citadina, opinó que «es una buena persona que lo ha intentado, pero ha tenido muchas oportunidades, y las cifras de delincuencia empeoran».
La administración del republicano comenzó a implementar a partir del viernes anterior un reforzamiento de la presencia de las fuerzas del orden federales utilizando como pretexto la presunta agresión a un exmiembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), al que intentaron robarle su automóvil.
Al comentar que la delincuencia en la capital está «totalmente fuera de control», sugirió una toma federal de Washington si el gobierno local de la ciudad «no se organiza, y rápidamente».
Pero la idea de federalizar Washington no es nueva para Trump. Tal vez el presidente no tenga la autoridad completamente, a menos que el Congreso derogue una ley de 1973 que otorgaba a los residentes de la urbe el poder de elegir a su propio alcalde y concejo municipal.
Pese a los criterios de Trump, datos de la policía local indican que los delitos violentos en Washington DC han disminuido durante el último año y medio, y que estos alcanzaron en 2024 su nivel más bajo en tres décadas, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Entretanto, alrededor de cinco mil 138 personas se encuentran sin hogar en DC, una disminución del nueve por ciento interanual, enfatizó un informe del Consejo Metropolitano de Gobiernos de Washington.
Trump firmó en julio una orden ejecutiva que exige al DOJ «revertir los precedentes judiciales y poner fin a los decretos de consentimiento que limitan la capacidad de los gobiernos estatales y locales para internar a personas en situación de calle que representan un riesgo para sí mismas o para los demás».
También dispuso que las agencias federales prioricen las subvenciones a las ciudades que «hagan cumplir las prohibiciones sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, la acampada urbana y el merodeo», una medida que generó críticas del Centro Nacional de Derecho para las Personas sin Hogar.
(Tomado de Prensa Latina)
