Pérez, quien es uno de los nombres mencionados con condiciones para asumir esa cartera en el mandato de Gustavo Petro, expuso un conjunto de elementos que argumentan su propuesta.

En primer lugar señala que, según la Comisión de la Verdad, durante el conflicto armado interno 450 mil 664 personas fueron asesinadas, 121 mil 768 desaparecidas, 50 mil 770 secuestradas, y 7,7 millones desplazadas forzadamente.

Recordó que en el reciente informe presentado por la Comisión, luego de cuatro años de investigación del sufrimiento de las víctimas y crímenes perpetrados en la guerra, interpela a los colombianos:

«¿Cómo fue posible esta barbarie sin que el Estado, la sociedad, los partidos, las iglesias, la prensa no hayan reaccionado con la fuerza necesaria para detenerla?», refirió Pérez, quien fue presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Aseguró que en Colombia no hay una política pública del Estado para garantizar los derechos humanos, en todo caso las políticas existentes son «para violarlos, a través de darle tratamiento de enemigo interno a quienes han defendido los derechos humanos, la paz o la madre tierra».

Además, le han dado tratamiento de guerra a los conflictos sociales, a las movilizaciones cívicas y a los estallidos sociales, añadió.

El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la llamada Política Pública Integral en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para materializarse se debe depurar la fuerza pública y formala en valores democráticos», enfatizó.

Además, se debe comprender que la defensa de los derechos humanos es un deber ciudadano contemplado en la Constitución, y establecen garantías de no repetición con el ejercicio de la justicia, acotó el abogado.

«La Consejería Presidencial de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas, pasarían al Ministerio que se propone dándole categoría ministerial a las responsabilidades del Estado en la materia para impulsar que Colombia se convierta en potencia mundial de la vida», manifestó.

Al nuevo Ministerio le corresponderá impulsar una política criminal para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales urbanas y rurales, para darle un efectivo tratamiento resocializador a quien delinque, para prevenir el delito y establecer la cárcel sólo para los hechos más graves y así superar el hacinamiento carcelario y los efectos negativos para la dignidad humana, puntualizó.

«Las cárceles no serán más escuelas del crimen ni zonas de no derechos para los reclusos», subrayó Pérez en su argumentación en pos de transformar la justicia en Colombia.

Para ello se desarrollarán políticas para garantizar educación y trabajo con el Servicio Nacional de Aprendizaje, universidades públicas y privadas, así como con empresas para garantizar a mediano plazo que las prisiones sean autosostenibles, agregó.