Proyecto legal para fortalecer combate a la corrupción en Costa Rica

El proyecto legal Responsabilidad de personas jurídicas sobre cohecho, soborno transnacional y otros delitos, persigue fortalecer hoy el combate a la corrupción en Costa Rica y avanzar en el proceso de adhesión a la OCDE.

 

La propuesta legal fue redactada de manera conjunta por el Ministerio de Justica y Paz, con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense sobre Drogas.

El trabajo interinstitucional al más alto nivel es necesario para avanzar en la lucha contra la corrupción, afirmó a la prensa la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, tras presentar la iniciativa en la Asamblea Legislativa.

‘El Gobierno del Bicentenario está comprometido con la lucha contra la corrupción, y desde el Ministerio de Justicia y Paz vemos el proceso de ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) como una oportunidad valiosa para renovar los valores que inspiran la construcción de sociedades más transparentes y responsables de cara a la ciudadanía’, expresó.

González señaló que en términos generales, la aprobación de la propuesta legal permitirá perseguir y responsabilizar de forma efectiva a las empresas que cometan actos de soborno contrarios a la administración pública, nacional o extranjera, e implementar mecanismos de prevención en las compañías.

La redacción de esta ley responde al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho Transacciones Comerciales Internacionales (Grupo de Trabajo sobre Cohecho) de realizar acciones pertinentes para cumplir con los parámetros de la Convención Anti-cohecho de la OCDE.

Entre esas recomendaciones aparecen reformar el régimen para la responsabilidad de las personas jurídicas para los procesos contra personas jurídicas puedan ocurrir independientemente de los proceso en contra de personas físicas y contar con un sistema claro y eficaz de ejecución contra personas jurídicas.

Además, permitir la confiscación del producto del soborno en manos de personas jurídicas sin condena previa de una persona física en un juicio penal, incorporar un delito de contabilidad falsa, garantizar que el lavado de dinero basado en el soborno transnacional constituya un delito y asegurar que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasivas, aumentando las sanciones financieras aplicables a las personas jurídicas.

La Fiscal General de la República, Emilia Navas, considera fundamental como Ministerio Público contar con un instrumento efectivo para la lucha contra la corrupción, al tiempo que ve con buenos ojos el modelo de prevención de delitos, pues permitirá reducir su incidencia.

Navas indicó que están en un proceso de capacitación para poder aplicar la Ley una vez que sea aprobada por la Asamblea Legislativa.

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