El Congreso estadounidense reinicia hoy sus sesiones, tras un receso de una semana por las festividades del Día del Presidente, y poco antes del posible cierre del Departamento de Seguridad Interior (DHS) por falta de fondos.
En el centro del debate en el Capitolio, cuyos dos hemiciclos están dominados por los republicanos, está un proyecto de financiamiento de 40 mil millones de dólares aprobado en enero por la Cámara de Representantes, que cubriría las necesidades de esa agencia federal por el resto del año fiscal 2015, que culmina el 30 de septiembre.
La propuesta debe ser considerada por el Senado antes del 27 de febrero, fecha en que se agotan los recursos del DHS, pero los demócratas se oponen a avalarla porque eliminaría los recursos que necesita el presidente Barack Obama para sus órdenes ejecutivas que posponen la deportación de unos cinco millones de indocumentados
El cierre del DHS obligaría al cese de labores de unos 30 mil empleados, aunque los imprescindibles tendrían que presentarse obligatoriamente a trabajar sin recibir ningún pago hasta que el Capitolio apruebe las nuevas asignaciones de recursos.
Una opción que valoran algunas figuras relevantes del Partido Republicano, en particular los senadores John McCain y Lindsey Graham, es eliminar del proyecto de ley lo referido al bloqueo de las órdenes de Obama y dejar que estas se diriman en los tribunales, en un proceso que ya comenzó por las cortes del Estado de Texas.
El juez de distrito Andrew Hanen decidió el 16 de febrero detener temporalmente las acciones ejecutivas del mandatario sobre inmigración y otorgó tiempo adicional a una coalición de 26 estados de la Unión que impusieron una demanda dirigida a eliminarlas definitivamente.
La Casa Blanca señaló al respecto que el Departamento de Justicia reclamará la anulación de la medida de Hanen ante la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, estado de Louisiana.
Pero además el Congreso tiene una larga lista de tareas pendientes, entre ellas el proyecto de Autorización para el Uso de la Fuerza (AUMF) contra el Estado Islámico en Siria e Iraq, presentado por Obama este mes.
Los congresistas demócratas consideran que la AUMF debe señalar de forma explícita un límite de tiempo para el despliegue de los militares y prohibir el empleo de tropas terrestres en acciones combativas.
La mayoría de los legisladores republicanos estiman que lo más aconsejable es que la AUMF imponga muy pocas limitaciones a Obama como comandante en jefe de las fuerzas armadas, por si es necesario en el futuro involucrar al país en una contienda de mayores proporciones.
Una ley aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha sido la base legal de la administración Obama para continuar los ataques aéreos que el Pentágono inició el 8 de agosto en territorio de Iraq, y extendió a Siria el 23 de septiembre contra la voluntad del Gobierno de Damasco.
(Tomado de Prensa Latina)
