También lo califica de conjugación de ‘justicia y memoria colectiva’, y fruto del esfuerzo y trabajo de la Presidencia de la República, como parte civil, en la persona del secretario Miguel Angel Toma y el abogado representante del país, Andrea Speranzoni.
La sentencia de apelación pronunciada ayer por crímenes de lesa humanidad de las cuales fueran víctimas durante la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1978, ciudadanos italianos y uruguayos, invierte totalmente el veredicto de primera instancia en la cual 13 imputados fueron absueltos y uno solo condenado.
Tal decisión representa además una respuesta justiciera para los familiares de las víctimas y para las instituciones y la sociedad uruguaya en su conjunto en la medida en que todos los imputados fueron considerados responsables de los secuestros y de los homicidios de los que fueron acusados, señala el comunicado.
Entre los condenados está el exjefe del S2 servicio de inteligencia del Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay (FUSNA), Jorge Tróccoli, escapado en 2007 para evitar el proceso en Uruguay, quien ejerció funciones de coordinación con los aparatos represivos argentinos en 1978 para la planificación de homicidios.
La declaración gubernamental recuerda que en los años 1970 y 1980 operó el Plan Cóndor, una organización criminal transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar.
Agrega que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se instalaron, a través de la violencia, en el Cono Sur.
