Voceros de la organización Planned Parenthood, defensora de los derechos a la salud reproductiva, anunciaron ayer la presentación de una demanda en busca de alcanzar dicho objetivo antes de que venza en dos días la licencia del centro sanitario.
Manifestaron que no han podido llegar a un acuerdo con autoridades del sector, empeñadas en exigir a los médicos que se sometan a una entrevista como condición para renovar el permiso, la cual podría conducir a procedimientos penales.
Más de 1,1 millones de mujeres en edad reproductiva en Missouri vivirán en un estado donde no pueden recibir la atención médica que necesitan, alertó Leana Wen, presidenta de Planned Parenthood.
Este es un mundo que no hemos visto en casi medio siglo, apuntó la titular en declaraciones a la radio pública estadounidense NPR.
Recientemente, el gobernador de Missouri, el republicano Mike Parson, firmó una ley que penaliza el aborto después de ocho semanas de gestación y contempla penas de cárcel para los galenos que ayuden a las mujeres a interrumpir el embarazo.
De esa forma, dicho estado se unió a un número creciente de territorios que prohíben tal práctica en la etapa inicial del embarazo, a menudo antes de que las mujeres conozcan que están encintas.
Hace ocho días, centenares de personas, de diversos sectores y edades, protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia, en la capital norteamericana, contra las leyes antiaborto aprobadas en varios territorios.
La manifestación, a la cual acudieron senadores y aspirantes demócratas a la presidencia como Bernie Sanders y Amy Klobuchar, exigió asimismo que se reconozcan los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la reproducción.
En la movilización, que formó parte de acciones a nivel nacional organizadas por Planned Parenthood, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y MoveOn, entre otras agrupaciones, también se demandó respeto para el fallo de Rou contra Wei de 1973, que despenalizó la interrupción inducida del embarazo en Estados Unidos.
Dos semanas atrás, se promulgó en Alabama la ley más estricta de la nación en esta materia, que impide prácticamente todos los abortos a menos que la vida de la madre esté en riesgo debido al embarazo, y no comprende excepciones en caso de violación o incesto.
Tales normativas no han entrado en vigor debido a demandas legales interpuestas en su contra en diferentes tribunales.
Fuentes diversas advierten que el verdadero interés de los promotores de esas iniciativas es que enfrenten desafíos legales y el tema llegue hasta la Corte Suprema, donde existe actualmente una mayoría de magistrados conservadores que podrían revocar el fallo de Rou contra Wei.
