Perú podría ingresar en un período de mayor polarización, tras indultar el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exmandatario Alberto Fujimori, de 79 años, condenado por corrupción y violaciones de los derechos humanos.

El perdón presidencial a Fujimori, encarcelado desde el 2007, generó celebraciones entre sus simpatizantes y protestas de sus adversarios, así como el rechazo de los críticos de Kuczynski, lo que amenaza con agudizar el debate político en el país.

De hecho, dos diputados de la misma agrupación que lidera Kuczynski, Peruanos por el Kambio, expresaron su disconformidad con el indulto a Fujimori y anunciaron que renuncian al Congreso.

Kuczynski justificó la medida de gracia en favor del expresidente, a partir de la evaluación de una junta médica, según la cual Fujimori sufre una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable que aconseja su puesta en libertad.

Pero analistas, medios de prensa y adversarios de Kuczynski como del Fujimorismo consideraron que el mandatario no jugó limpio ni actuó de manera humanitaria, sino por oportunismo y conveniencia puramente política.

Y es que Kuczynski sobrevivió el pasado jueves a un intento de destitución parlamentaria, acusado de haber ocultado pagos a una consultora suya por parte de la empresa brasileña Odebrecht, un suceso ocurrido antes de que accediera a la presidencia.

Pero Kuczynski pudo mantenerse en el poder, gracias a la abstención de Kenji Fujimori, hijo del expresidente, y otros nueve legisladores de su círculo, pertenecientes a la opositora Fuerza Popular que promovía la destitución del mandatario.

La hija de Fujimori, Keiko, quien encabeza precisamente Fuerza Popular y fue la rival de Kuczynski en las últimas elecciones, votó el jueves a favor de la destitución del mandatario, pero como era lógico esperar celebró la liberación de su padre.

En cualquier caso, comentaristas y políticos de otras agrupaciones opositoras creen que el indulto de Kuczynski al exmandatario Alberto Fujimori, solo confirma un pacto de impunidad.

El fallo de la Corte Suprema que condenó a Fujimori en el 2009 determinó que debería permanecer preso hasta 2032 por delitos de lesa humanidad, vinculados a su papel en las llamadas matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, donde 25 personas, entre ellas estudiantes universitarios y un niño, fueron secuestrados y asesinados por miembros del Ejército peruano.

Fujimori también fue encontrado culpable de entregarle 15 millones de dólares de fondos públicos a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, así como otros casos de corrupción, entre los que se encontraban soborno de congresistas, espionaje telefónico y compra ilegal de canales de TV.

Aún preso, Fujimori dividía a Perú, con sus partidarios celebrando que durante su gobierno entre 1990 y el 2000, sacó de la crisis a la economía y derrotó a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y al grupo armado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

En cambio, los detractores de Fujimori censuraban que durante los años en los que dirigió al país, hubo numerosas violaciones de los derechos humanos y graves casos de corrupción por los que el propio presidente fue condenado.

Un congresista del partido de izquierda Frente Amplio, Marco Arana, rechazó el indulto que liberó ahora de la cárcel a Fujimori y advirtió que la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski es un acto criminal, un error político que polarizará a Perú.